En un desarrollo legal destacado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su empresa familiar, la Organización Trump, fueron declarados responsables de fraude en una demanda civil presentada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
La demanda, presentada el año pasado, acusaba a Trump y su organización de inflar de manera ilegal el valor de sus activos y patrimonio neto durante un período de diez años con el fin de obtener condiciones más ventajosas en préstamos bancarios y seguros.
Entre los activos señalados por la fiscal general como inflados se encuentran la finca de Trump en Mar-a-Lago en Florida, su lujoso ático en la Torre Trump de Manhattan y varios complejos de oficinas y campos de golf.
Esta decisión del juez representa un golpe legal significativo para Trump y su empresa, y podría tener implicaciones importantes en los procedimientos legales en curso relacionados con sus asuntos financieros y empresariales. La resolución del caso podría afectar el futuro político y legal de Trump mientras se prepara para las elecciones presidenciales de 2024.