La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a la República Argentina por la destitución arbitraria del juez Eduardo José Antonio Moliné O’Connor durante un juicio político en 2003. El tribunal, con sede en San José de Costa Rica, determinó que esta acción vulneró la independencia judicial y la separación de poderes.
Injerencia en la separación de poderes
La Corte IDH concluyó que el Congreso de la Nación actuó de manera indebida al remover al magistrado por sus decisiones en el caso Meller, lo que constituyó una sanción inaceptable sobre sus resoluciones. Además, se evidenció arbitrariedad procesal al rechazar sin justificación las recusaciones contra legisladores y al suspender al juez sin goce de haberes.
Violaciones a derechos fundamentales
El fallo también señaló que la Corte Suprema de Justicia de Argentina vulneró el derecho a la protección judicial al no revisar adecuadamente las impugnaciones de la defensa. La Corte IDH destacó que el Estado argentino violó derechos a la seguridad social y a la propiedad privada al revocar la pensión vitalicia del juez en 2004, lo que afectó su calidad de vida y la de sus familiares.
La resolución ordenó a Argentina regularizar la pensión vitalicia y pagar 600 mil dólares por lucro cesante a la familia del juez, además de otros montos por daño inmaterial y gastos procesales. Se enfatizó que ningún magistrado debe ser sancionado por sus opiniones en el ejercicio de su función judicial.
Con información de Aristegui Noticias.
